La reforma del aborto promovida por el PP ha superado el trámite del Pleno del Congreso con la mayor fuga de votos de esta legislatura en el partido mayoritario. La dirección del PP daba por hecho que una decena de sus diputados rompería la disciplina de voto pero, finalmente logró reducir a cinco -Antonio Gutiérrez, Lourdes Méndez, Javier Puente, Eva Durán y José Eugenio Azpiroz- el número de díscolos del sector más conservador en las dos votaciones precisas. Lo hizo convenciendo al diputado de UPN, Carlos Salvador, de que retirara justo en el inicio del debate la enmienda en la que pedía la sustitución del sistema de plazos por uno de supuestos. Salvador retiró la enmienda que hubiera provocado más fugas del PP y renunció a su posición contraria al aborto con plazos a cambio del compromiso del Gobierno de incluir una partida en los Presupuestos para ayuda a las madres.
A pesar de todo cinco diputados del PP no apoyaron la reforma, votando en contra o absteniéndose, porque, según explicó Lourdes Méndez, se trata de admitir de facto la ley de plazos que fue recurrida por el Grupo Popular y que, en su opinión, es inconstitucional como se decía en aquel recurso. Los cinco serán sancionados.
La reforma, que ahora irá al Senado para su aprobación en septiembre, supone establecer como obligatorio y sin excepción el permiso de los padres para que puedan abortar las mujeres de entre 16 y 18 años.
El PSOE considera que la reforma del aborto es en la práctica inaplicable. La diputada socialista, Ángeles Álvarez, explicó en la tribuna del Congreso que es imposible en la práctica cumplir los plazos legales para que decida el juez en caso de conflicto.
La proposición de ley del PP asegura que «para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil».
El Código Civil habla del ejercicio de la patria potestad en casos de conflicto entre padres e hijos, fundamentalmente, en casos de herencias y patrimonios. No hay procedimientos urgentes y específicos para decisiones como la del aborto. Los socialistas encuentran posibilidad de aplicar sendos artículos de la Ley de Protección de la Infancia que se aprueba hoy en el Pleno y de la de Jurisdicción Voluntaria que entrará en vigor la próxima semana. Pero en ambos casos, y en el mejor de los supuestos, calculan que son precisas cinco semanas para cumplir el trámite de resolución judicial del conflicto entre los padres y la mujer y dado que la ley solo permite el aborto en las 14 primeras semanas, se hace inviable la aplicación.
El texto inicial del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sí incluía un procedimiento rápido para que el juez decida en caso de confñicto. Ese procedimiento ha sido eliminado ahora.
«El laberinto legal elimina las garantías que permiten que una mujer decida en caso de conflicto. ¿De verdad creen se puede imponer una decisión tan trascendente como tener un hijo?», aseguró la diputada socialista.
La reforma del aborto, después de varias vicisitudes durante la legislatura, se aprobará definitivamente en septiembre. La anterior reforma fue retirada por Mariano Rajoy con el argumento de que no había consenso, sin embargo, no ha logrado sumar el apoyo de ningún grupo más al cambio parcial de la norma.Solo los diputados de Unió mantienen su apoyo a la ley.
Según los datos del PSOE, el año pasado abortaron 4222 mujeres de entre 16 y 17 y de ellas 522 lo hicieron sin conocimiento de los padres.